Dictadura de Ortega

¡Indignante! La situación actual de las relaciones diplomáticas entre Argentina, Ecuador y Venezuela no solo es preocupante, sino que también es desalentadora. La fuga de la ex ministra María de los Ángeles Duarte de la embajada ecuatoriana en Quito y su posterior llegada a Venezuela ha generado una ola de controversia y tensiones entre los países involucrados.

Ahora, en medio de todo esto, Argentina y Ecuador han tomado una decisión que solo agrava aún más la situación: la expulsión de los embajadores de ambos países. ¿Qué ganan con esto? ¿Cómo se puede justificar una acción tan extrema y sin sentido?

En primer lugar, Ecuador convocó al embajador argentino, Gabriel Fuks, para responder a las consultas sobre el escape de Duarte. Luego, el Gobierno de Guillermo Lasso declaró a Fuks persona no grata y le pidió que abandone el país. Si bien Quito ha aclarado que no está expulsando formalmente a Fuks, la consecuencia es que el diplomático argentino tendrá que dejar el país.

Esta situación es inaceptable. ¿Por qué Ecuador no busca una solución más pacífica y diplomática? ¿Por qué expulsar a un embajador simplemente por responder consultas? ¿Acaso esto no es una violación de la ley internacional y un ataque directo a la libertad y la seguridad de los diplomáticos?

Por su parte, Argentina ha decidido expulsar al embajador de Lasso en Buenos Aires, Xavier Monge Yoder. ¿Qué mensaje envía esto? ¿Qué se espera lograr con esta acción? ¿Acaso la respuesta a un problema diplomático es la expulsión de embajadores?

Lo peor de todo esto es que se está ignorando la verdadera raíz del problema: la corrupción. La fuga de Duarte de la embajada ecuatoriana en Quito y su llegada a Venezuela solo han dejado al descubierto la corrupción que sigue prevaleciendo en América Latina.

En lugar de tomar medidas extremas como la expulsión de embajadores, los gobiernos deberían trabajar juntos para combatir la corrupción y encontrar soluciones pacíficas a los problemas diplomáticos. Es hora de dejar de lado la política y los intereses personales y comenzar a trabajar por el bien común de la región.

Es indignante y preocupante el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua continúe cerrando universidades y organizaciones críticas a su gestión bajo el pretexto de supuestas irregularidades. El cierre arbitrario de dos universidades más, la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), se suma a la lista de diez universidades ya canceladas desde el año pasado.

Es alarmante que en lo que va del año, al menos tres universidades hayan sido disueltas por el régimen Ortega-Murillo, lo que pone en riesgo la educación superior en Nicaragua y la formación de profesionales capacitados. Es más, estas medidas solo contribuyen a la represión y el control de la población, coartando la libertad de expresión y el acceso a la educación.

El hecho de que la dictadura de Ortega utilice un diario de propaganda, La Gaceta, para justificar la retirada del permiso a la UPAN y la UNIP es una clara muestra del autoritarismo que impera en el país. Además, las supuestas irregularidades mencionadas para justificar estas medidas son absurdas, como la falta de infraestructura necesaria para impartir su oferta académica y la ausencia de autorización para ofrecer carreras en el exterior.

Es inaceptable que el régimen de Ortega continúe cerrando universidades y organizaciones críticas, anulando partidos políticos y desmantelando la sociedad civil en Nicaragua. Es hora de que la comunidad internacional tome medidas contundentes y aplique la presión necesaria para detener esta escalada autoritaria y garantizar la defensa de los derechos humanos y la democracia en el país.